El escándalo conocido como «caso Audios», que involucra al abogado Luis Hermosilla, ha sacudido profundamente a la sociedad chilena al desvelar conexiones comprometedoras entre figuras del ámbito público y privado. Este caso cobró notoriedad tras la filtración de una conversación en la oficina de Hermosilla en Santiago, revelada por Ciper Chile, que involucra a al menos dos ministros de la Corte Suprema y a la jueza Ángela Vivanco. En los mensajes, Vivanco solicitó en 2018 la ayuda de Hermosilla para su nombramiento en el tribunal, además de compartir información sensible y vetar nombres para altos puestos en la magistratura. Este proceso ha salpicado también a Sergio Muñoz, exdirector de la Policía de Investigaciones, y a altos fiscales como Carlos Palma y Manuel Guerra.
La gravedad del caso ha impulsado al Gobierno de Gabriel Boric a proponer una reforma integral al sistema de nombramientos de jueces, la cual será presentada en octubre por el ministro de Justicia, Luis Cordero. Esta reforma busca eliminar intermediarios y promover un proceso basado en méritos, así como regular los conflictos de interés en todos los niveles del sistema judicial. Además, se contempla la creación de un nuevo órgano autónomo para gestionar los nombramientos, separando las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema. El Senado se enfrenta a un entorno tenso con votaciones clave en octubre, mientras que la reforma también podría afectar la estructura vigente que permite la participación de abogados externos en el máximo tribunal.
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