En un giro sorpresivo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes críticas tras prometer mejorar la atención a la desaparición forzada, solo para, días después, demostrar su intención de restar importancia al tema. Aunque inicialmente Sheinbaum había anunciado nuevas reformas legales para enfrentar la desaparición forzada y mejorar la búsqueda de desaparecidos, la esperanza sembrada se desmoronó rápidamente. En el centro de la controversia está el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde el descubrimiento de 154 pares de zapatos y otras pertenencias ha provocado temores de que el lugar sea un campo de exterminio. Ante las denuncias y la presión mediática, el Gobierno optó por una estrategia de silencio, con la Fiscalía General de la República apoyando la desactivación del escándalo, mientras su titular, Alejandro Gertz Manero, señaló negligencias en la fiscalía jalisciense.
El fiscal Gertz, en un movimiento sorprendente, organizó una visita al rancho Izaguirre que fue percibida como una maniobra para desacreditar las búsquedas de las familias. Esta acción ha sido criticada por poner en riesgo la integridad de los peritajes pendientes. La iniciativa de Gertz fue vista como un intento de restar legitimidad a las investigaciones y se llevó a cabo con la aparente intención de minimizar el clamor de justicia de las familias afectadas. La respuesta del gobierno y la cobertura mediática han sido duramente cuestionadas por anteponer intereses políticos sobre las demandas de justicia, dejando a las buscadoras en un limbo de invisibilidad mediática y pública. Este enfoque, percibido como desinteresado en la búsqueda genuina de los desaparecidos, despierta recuerdos de las controversias pasadas en México, siendo una muestra más de la compleja situación de los derechos humanos en el país.
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