Las autoridades han impuesto estrictas medidas cautelares a los excarcelados para impedir que compartan públicamente las experiencias de malos tratos que habrían sufrido durante su tiempo en prisión. Esta decisión genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que temen que se silencien potenciales abusos sistemáticos y se obstaculice la búsqueda de justicia para las víctimas. Las medidas, consideradas por algunos como un intento de encubrir violaciones de derechos humanos, incluyen restricciones en la comunicación con medios de comunicación y limitaciones para participar en entrevistas que podrían revelar detalles comprometidos sobre su estancia en reclusión.
Estas restricciones han avivado el debate acerca de la transparencia y el respeto a la libertad de expresión, con críticos que argumentan que estas acciones contravienen principios fundamentales de los derechos humanos. En medio de estas acusaciones, se cuestiona la legalidad de imponer tales restricciones a personas que ya han cumplido sus condenas, señalando que estas tácticas podrían ser parte de un patrón sistemático para proteger a aquellos responsables de abusos en el sistema penitenciario. Las reacciones internacionales también han comenzado a surgir, con observadores exigiendo un escrutinio más profundo sobre las condiciones carcelarias y la revisión de políticas que puedan estar perpetuando un ciclo de impunidad.
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