El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que destinará 7.675.000 euros a las seis universidades públicas de Madrid para «obra nueva y reformas» en 2025. Esta cifra, sin cambios en comparación con el actual año y lo previsto para 2026, es significativamente inferior a la presupuestada para 2007, antes de la crisis económica de 2008. En ese contexto, el presupuesto estaba en 95 millones de euros, y las universidades se benefició de un importante colchón financiero gracias a 456,2 millones de euros ganados en sentencias al Ejecutivo regional, recurso que hoy ya no está disponible. A medida que se acerca la revelación del presupuesto total para las universidades, la escasa financiación se vislumbra como un problema latente, que podría llevar a los rectorados a una situación de urgencia extrema, según las conversaciones habituales en sus pasillos.
En comparación con otras comunidades autónomas, Madrid asigna un 4% de su presupuesto a las universidades públicas, una cifra que Ayuso defiende como la mayor aportación regional, aunque los datos demuestran que la comunidad se queda atrás. Por ejemplo, Cataluña dedicó 1.682 millones y Andalucía 1.777 millones este 2024, ambas con un número similar de profesores al madrileño. La escasa inversión no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las infraestructuras educativas, sino que también dificulta la modernización de instalaciones cruciales. Estos desafíos económicos se acentúan al considerar ejemplos como el de la Universidad del País Vasco, que cuenta con un presupuesto superior para obras, o la Universidad de Alcalá, que con sus edificios históricos ve limitadas sus capacidades de mantenimiento con el presupuesto actual. Los rectores han manifestado la necesidad de un apoyo político y económico decisivo para superar esta situación crítica, que podría llevar a un punto de no retorno para el sistema universitario público madrileño si no se toman medidas drásticas.
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