La Agencia de Actividades (ADA), que forma parte del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha presentado el balance del período entre enero y septiembre de 2024 en su reciente reunión del Consejo Rector. Borja Carabante, delegado del área, destacó los avances significativos en la reducción de tiempos para la resolución de licencias y la disminución en el número de denuncias urbanísticas, atribuyéndolo a un mayor número de inspecciones.
Durante los primeros nueve meses del año, la ADA tramitó 1.363 licencias de actividad económica, un aumento del 3,7 % respecto al mismo período en 2023. También se registró un incremento notable del 17 % en las licencias residenciales. El tiempo medio para resolver estos trámites se ha reducido significativamente a 135 días, lo que representa una mejora del 31 % en comparación con 2019.
El uso creciente de las declaraciones responsables urbanísticas, que aumentaron un 5 % respecto al año anterior, refleja la consolidación de esta herramienta como un medio ágil en la gestión urbanística. El 78,4 % de las declaraciones comprobadas fue considerado eficaz, indicando conformidad con la normativa vigente. La colaboración con las entidades urbanísticas colaboradoras (ECU) resultó crucial, tramitando el 59 % de las declaraciones.
En el campo de la inspección, la ADA experimentó una notable disminución del 8,1 % en las denuncias urbanísticas, sumando 3.824 frente a las 4.162 del año pasado. Esto se debe, en parte, a la implementación de nuevos canales telemáticos para mejorar la comunicación ciudadana. Un dato relevante es la reducción del 17,9 % en denuncias por parte de asociaciones y particulares. Las molestias por actividades constituyeron el 76 % de estas denuncias.
Las inspecciones realizadas aumentaron en un 16,6 %, alcanzando las 1.948 en los primeros nueve meses de 2024. Significativamente, se intensificó la actuación contra las viviendas de uso turístico ilegales. Se iniciaron 289 expedientes que afectaron a 312 viviendas, logrando que 221 de estas cesaran su actividad ilegal. Además, se impusieron 69 sanciones económicas, sumando 30.001 euros, por usos no conformes con la normativa urbanística.
Estos resultados reflejan un esfuerzo integral de la ADA para mantener y restablecer la legalidad urbanística en la ciudad, mostrando un compromiso con la mejora continua en la eficiencia de sus procesos y el fortalecimiento de la normativa.