La nueva normativa, que ha sido mejorada con la incorporación de 19 enmiendas durante su trámite parlamentario, está lista para entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Esta ley es una apuesta ambiciosa para transformar Madrid en un referente tanto en desarrollo económico y urbanístico como en políticas sostenibles, desarrollo tecnológico y planificación estratégica.
Un aspecto crucial de esta norma es su enfoque en la oferta de vivienda, con especial atención al impulso de la descarbonización y la garantía del relevo generacional en el sector primario. También se busca frenar la despoblación en zonas rurales y blindar la prestación de servicios públicos, especialmente en lo que respecta al ciclo del agua.
En el ámbito urbanístico, la ley destaca por su simplificación de procesos. Se adelantan los plazos para solicitar licencias desde la fase de reparcelación, logrando así una mayor agilidad en los trámites. Además, se prioriza la eficiencia energética y se fomenta el desarrollo de viviendas en municipios en riesgo de despoblación, con un marcado interés en los grandes desarrollos de Valdecarros, Los Berrocales y el futuro Madrid Nuevo Norte. A partir de ahora, los ayuntamientos tendrán mayor capacidad para avanzar en su planeamiento y aumentar las dotaciones públicas y los espacios verdes, mientras se tramita la nueva reforma integral de la Ley del Suelo.
En el sector agrario, el texto legislativo también aporta importantes novedades. La modernización de los regadíos y una reducción en las autorizaciones urbanísticas prometen ahorrar agua y mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos. Además, se abren nuevas posibilidades para usos y actividades en suelos rurales no urbanizables, facilitando la comercialización directa de productos agroalimentarios y mejorando así la competitividad del sector.
El desarrollo de Planes de Protección del Paisaje refuerza el compromiso con el cuidado del patrimonio natural, permitiendo la compatibilidad con los usos tradicionales de las zonas rurales y ofreciendo mayor flexibilidad para las reparaciones de caminos y otras infraestructuras ganaderas. También se implementa un procedimiento exprés para los proyectos relacionados con infraestructuras hídricas, eliminando el Plan Especial de Infraestructuras y así agilizando las obras incluidas en el Plan Sanea en 59 municipios.
Otra de las innovaciones de la ley es la facilidad para la instalación de infraestructuras esenciales, como redes de transporte eléctricas y de telecomunicaciones, que verán reducido su periodo de tramitación hasta en dos años. Asimismo, se plantea fomentar la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) mediante la modalidad de Proyecto de Actuación Especial. De esta manera, se suprimen los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución y transporte de energía, simplificando aún más el proceso.
Finalmente, la normativa madrileña se adapta a la Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, a fin de evitar contradicciones y proporcionar mayor seguridad jurídica, mostrando un compromiso con la coherencia en el conjunto del marco jurídico español. Este pasaje legislativo representa un importante paso hacia un Madrid más competitivo, sostenible y preparado para afrontar los desafíos del futuro.
