El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado un paso histórico al presentar el anteproyecto de ley que busca reformar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). El anuncio, realizado el pasado 20 de diciembre, plantea reformas significativas que buscan modernizar el marco laboral español, entre las que destacan la reducción de la jornada laboral, la implementación de un registro horario digital, y el fortalecimiento del derecho a la desconexión digital.
Uno de los elementos más destacados de esta reforma es la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, una medida que marca un cambio notable desde el establecimiento de las 40 horas semanales en la década de los ochenta. Los convenios que superen esta nueva jornada tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse, un proceso de transición que aún enfrenta algunas cuestiones sin resolver, especialmente en relación con los coeficientes de parcialidad en jornadas reducidas.
En este contexto, los contratos a tiempo parcial que igualen o superen las 37,5 horas se considerarán automáticamente como contratos a tiempo completo, mientras que los trabajadores con horarios inferiores mantendrán sus condiciones actuales con ajustes salariales proporcionales. Adicionalmente, la reformulación del artículo 12.4 del Estatuto ha impuesto límites estrictos a las horas extraordinarias en contratos parciales, lo que busca evitar el abuso del tiempo de trabajo.
Por otro lado, el anteproyecto introduce un modelo obligatorio de registro horario digital, el cual deberá garantizar la trazabilidad de los datos, registrar interrupciones y modificaciones de jornada, y estar accesible para trabajadores, representantes e Inspección de Trabajo durante al menos cuatro años. Sin embargo, esta medida aún requiere de un desarrollo reglamentario para definir herramientas específicas y fechas de implementación. La incertidumbre generada en torno a estos aspectos resalta la necesidad de claridad para asegurar su viabilidad.
El derecho a la desconexión digital recibe también un impulso con esta reforma, prohibiendo a las empresas contactar a sus empleados fuera del horario laboral salvo en circunstancias excepcionales. Este derecho será un punto clave en la negociación colectiva, garantizando que los trabajadores no sean sancionados por ejercerlo y reforzando la separación entre la vida personal y laboral, especialmente en tiempos de teletrabajo.
La reforma de LISOS prevé endurecimiento de las sanciones para las empresas que incumplan las nuevas regulaciones. Cada infracción relacionada con el registro horario será sancionable por trabajador, mientras que las faltas graves relativas a la organización del tiempo de trabajo podrían ser consideradas como infracciones muy graves, en particular si implican riesgos para la salud y seguridad laboral.
Otro punto relevante es la prohibición de absorción y compensación salarial relacionada con la reducción de la jornada, asegurando que los derechos adquiridos y el salario no se vean perjudicados por estos cambios. Aquellas jornadas reducidas por razones de cuidado familiar o medidas como ERE mantendrán su estatus hasta 2026, con ajustes proporcionales en los salarios.
Este anteproyecto de ley refleja un avance significativo hacia la protección de los derechos laborales en España, aunque deja abiertas preguntas sobre su aplicación práctica y la necesidad de desarrollar un marco reglamentario más detallado. A medida que las empresas se preparen para adaptarse a estas nuevas medidas, el éxito del proyecto dependerá en gran medida de un diálogo social efectivo y una supervisión adecuada para garantizar que los trabajadores disfruten de un entorno laboral más justo y equilibrado.
