España se enfrenta a un momento crucial en su transición energética, con un enfoque en la descarbonización de la economía y una infraestructura eléctrica adaptada a las nuevas demandas. Desde 2020, la demanda de acceso a la red eléctrica ha crecido exponencialmente, destacando la necesidad urgente de mejorar la capacidad de conexión. Actualmente, solo el 10% de las nuevas solicitudes pueden ser aceptadas debido a la saturación de la red. Gran parte de esta demanda proviene de sectores como los centros de datos, la industria, la vivienda, y proyectos de hidrógeno y transporte por carretera. La insuficiencia en la capacidad de la red amenaza con frenar inversiones cruciales y la generación de empleo, así como ralentizar la reducción de emisiones de CO₂.
Ante este desafío, el Gobierno ha anunciado una inversión de 13,600 millones de euros en infraestructuras eléctricas hasta 2030, lo cual es acogido con optimismo. Sin embargo, existe la necesidad de agilizar los procesos administrativos y mejorar la planificación del transporte para facilitar la conexión. La propuesta regulatoria de la CNMC y la necesidad de un marco de inversión atractivo son cruciales para el éxito del crecimiento de la red. El sector eléctrico destaca que el aumento de la demanda contribuirá a financiar la expansión de la red sin subir tarifas, apoyando así el Plan Nacional de Energía y Clima. Con el respaldo de las instituciones europeas, España se prepara para un futuro energético más sostenible y competitivo.
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