El caso denominado «caso Koldo» ha sacudido las filas de la Guardia Civil al desvelarse el uso indebido de recursos y personal en beneficio personal parte de un grupo encabezado por el comandante Rubén Villalba. Según un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO), 14 guardias civiles adscritos a labores antiterroristas fueron empleados para proporcionar seguridad y realizar tareas ilícitas para Víctor de Aldama y otros miembros del grupo imputado. Se señala que estos agentes habrían actuado bajo el mando de Villalba, cuyo rango superior permitió manipularlos, aprovechándose de la interacción cotidiana con confidentes, como parte de sus funciones regulares. Investigaciones telefónicas han revelado el conocimiento de estas acciones delictivas por al menos un superior, mientras que Villalba mismo confesó haber recibido pagos en efectivo por su colaboración ilícita. Asimismo, se detectó que los agentes llegaron a proporcionar teléfonos «limpios» a los sospechosos en un intento de eludir las pesquisas de la UCO.
A medida que la investigación progresa, ha surgido temor dentro de los roles involucrados, pues intervenciones telefónicas registran la preocupación de varios agentes sobre sus potenciales implicaciones legales. Acciones como la limpieza de micrófonos en vehículos y las transferencias monetarias ponen más en relieve la profundidad de la presunta corrupción. A pesar de que fuentes cercanas defienden la actuación de algunos de estos agentes como entornos normales de manejo de informantes, la UCO prosigue su investigación exhaustiva para esclarecer posibles infracciones. Las sospechas también se extienden a un superior de rango más alto que aparentemente estaba al tanto de las actividades desleales. En consecuencia, la Guardia Civil enfrenta una exhaustiva revisión interna para determinar responsabilidades y subsanar el impacto de este escándalo sobre sus operaciones y reputación institucional.
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