La región del Catatumbo, una de las más afectadas por el conflicto armado en Colombia, está nuevamente en el foco de la violencia tras una serie de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las extintas FARC. Estos combates, que han dejado al menos cuatro firmantes del acuerdo de paz asesinados, rompen la tregua previamente establecida en la región de Norte de Santander. Los recientes ataques suceden tras una masacre en el municipio de Tibú, donde una pareja y su bebé de nueve meses fueron asesinados. La respuesta del presidente Gustavo Petro, compartiendo la angustiosa carta de la Asociación de Madres del Catatumbo, destaca el temor y el deseo de intervención gubernamental por parte de las comunidades locales.
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Colombia, se sumó a las condenas de los asesinatos, instando a los grupos armados a respetar la población civil y a cesar el fuego. Organizaciones sociales del Catatumbo también han exigido un cese inmediato de las hostilidades y llaman al fortalecimiento de la presencia institucional en la zona. Esta crisis coincide con desafíos en las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, mientras que las conversaciones con otras facciones disidentes enfrentan complicaciones por divisiones internas. En medio de este complejo escenario, el Catatumbo sigue siendo un territorio disputado por su riqueza en recursos y estratégicas rutas ilícitas, lo que agrava la situación de seguridad y estabilidad en la región.
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