En la reciente crisis de orden público, se ha señalado al Ministerio por quebrantar las directrices establecidas en el manual de seguridad para el control de masas. Las acciones emprendidas por las autoridades durante los disturbios han sido objeto de críticas, tras acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza y medidas que contravienen los protocolos institucionales. Este manual, que es fundamental para preservar los derechos y la seguridad tanto de manifestantes como de agentes, parece haber sido ignorado en varias ocasiones, exacerbando la tensión en las calles.
Estas infracciones han derivado en un debate público sobre la necesidad de revisar y reforzar las orientaciones para el manejo de manifestaciones, asegurando que los principios de proporcionalidad y legalidad se mantengan intactos. Diversas organizaciones han pedido explicaciones al Gobierno por las decisiones tomadas, instando a una revisión exhaustiva de los procedimientos y responsabilidades dentro del Ministerio. La situación ha generado preocupación sobre el respeto a los derechos civiles y la integridad de las intervenciones policiales en futuros eventos de esta índole.
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