En el año 2024, España experimentó un aumento significativo en la llegada de inmigrantes irregulares, con las Canarias a la vanguardia de este fenómeno al recibir un récord de 46.843 personas, un 17,4% más que el año anterior. Este crecimiento contrasta con la disminución del 6,5% en las llegadas a la península y Baleares. Mientras tanto, el tránsito por vía terrestre en Ceuta y Melilla mostró un notable incremento en Ceuta con 2.531 entradas, un 137% más respecto a 2023, frente a un descenso del 30,1% en Melilla. Las cifras han situado el debate migratorio en el centro de la política española, especialmente con la situación de 5.812 menores no acompañados en Canarias, cuyo cuidado sigue siendo responsabilidad del Gobierno autonómico.
El tema migratorio ha generado tensiones políticas significativas, con acusaciones cruzadas entre el gobierno regional de Canarias y el Gobierno central. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha criticado tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como al PP, en el contexto de un gobierno regional en el que cohabita con este último partido. En tanto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la gestión del Gobierno central, en medio de las críticas de Clavijo por la falta de un acuerdo en la redistribución de menores. El Partido Popular, por su parte, ha endurecido su postura, vinculando a Vox con el Ejecutivo en su negativa a reformar la ley de extranjería, condicionando cualquier acuerdo migratorio a sus demandas, lo que ha estancado las conversaciones y ha mantenido la tensión política elevada.
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