La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) ha implementado una medida que podría poner en riesgo la integridad del sistema de patentes nacional. A través de un memorando emitido el 28 de febrero, la USPTO ha restringido significativamente el acceso al proceso de revisión inter partes (IPR), un mecanismo diseñado para permitir que los ciudadanos desafíen la validez de patentes sin incurrir en costosos litigios judiciales.
La decisión está generando inquietud, ya que parece ofrecer protección a patentes potencialmente defectuosas y proporcionar ventaja a los llamados «trolls de patentes». Estas son entidades que obtienen beneficios económicos al presentar demandas de patentes sin prever desarrollar ningún producto, buscando a menudo acuerdos rápidos antes de que la validez de sus reclamos sea cuestionada. Esta situación podría facilitar que grandes corporaciones y fondos de cobertura utilicen patentes débiles como herramientas legales contra pequeñas empresas y desarrolladores innovadores.
El IPR fue instaurado en 2012 con la finalidad de brindar a cualquier individuo la capacidad de impugnar la validez de una patente sobre la base de pruebas de arte previo, presentadas ante jueces especializados de la USPTO. Este procedimiento es notoriamente más ágil y menos oneroso que los litigios ante tribunales federales, proporcionando un camino equitativo para corregir fallas en la concesión de patentes. Sin embargo, la reciente medida del USPTO parece socavar este proceso en lugar de fortalecerlo.
El memorando del 28 de febrero permite que la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (PTAB) rechace casos de IPR por cuestiones procedimentales, incluso cuando hay argumentos sólidos para cuestionar la validez de una patente. El razonamiento detrás de esta norma es que un litigio en curso sobre la misma patente pueda considerarse un impedimento para revisar el IPR, aunque, en realidad, dicho litigio podría ser un indicativo de que la patente necesita ser reevaluada.
Esta política podría beneficiar principalmente a los «trolls de patentes», quienes podrían eludir la revisión de sus patentes si inician demandas en tribunales conocidos por ser favorables hacia los titulares de patentes. Este contexto podría presionar a las empresas a acordar pagos para evitar los costos del litigio, lo que debilitaría aún más la calidad del sistema de patentes.
El Congreso, al establecer el IPR, pretendía proteger al público de patentes débiles usadas como herramientas en litigios abusivos. Con el fortalecimiento de las denegaciones discrecionales y la obstaculización del acceso al IPR, la USPTO está minando estas intenciones legislativas. Es crucial que los líderes de la USPTO reconsideren este memorando o, en su defecto, que el Congreso intervenga para asegurar que el IPR continúe siendo un recurso efectivo y accesible para desafiar patentes problemáticas, garantizando la calidad del sistema de patentes en beneficio de la innovación y el interés público.
