Un creciente grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por la Electronic Frontier Foundation (EFF), ha instado a los Estados miembros de la ONU a rechazar la firma de la nueva Convención sobre delitos cibernéticos. En su llamado, advierten sobre graves implicaciones para los derechos humanos, y piden a los países que exploren medidas concretas para mitigar sus efectos negativos si deciden avanzar con la legislación.
La polémica Convención demanda que los Estados instauren extensos poderes de vigilancia electrónica, incluso para delitos que no están relacionados con sistemas de información y comunicación. Permite la recolección y compartición de evidencias electrónicas a nivel internacional para cualquier «delito grave», definido como aquellos que implican penas de al menos cuatro años de prisión, sin adecuadas salvaguardias a los derechos humanos.
En varias naciones, actos como expresar opiniones políticas, manifestar orientaciones sexuales no conformistas o protestar pacíficamente podrían ser considerados delitos graves, lo que ha llevado a activistas y ciudadanos a enfrentar largas condenas por criticar a sus gobiernos o participar en acciones de resistencia simbólica.
Con la actual dinámica digital, los metadatos de mensajes y llamadas revelan información crítica sobre las comunicaciones humanas, cruzando fronteras constantemente. La Convención, en su forma actual, podría facilitar la vigilancia estatal más allá de las fronteras nacionales, planteando riesgos significativos para los críticos y la vigilancia política global.
Algunos gobiernos podrían utilizar esta infraestructura para extender su control y represión a nivel internacional, lo que preocupa a defensores de derechos digitales, ya que la cooperación y el acceso a datos transfronterizos se verían reforzados sin un adecuado control o desafío ante estos mecanismos.
La EFF destaca las preocupaciones sobre estos amplios poderes de cooperación internacional, subrayando la falta de salvaguardias integrales. Con la apertura para la firma de la Convención programada para el 25 y 26 de octubre en Hanói, Vietnam, una nación criticada por su abordaje represivo hacia la libertad de expresión en línea, el futuro de la libertad digital global se encuentra en una coyuntura crítica.
Los defectos estructurales de la Convención, según la EFF, son difíciles de remediar, pues no contempla la posibilidad de suspender a Estados que violen sistemáticamente los derechos humanos o el estado de derecho. En su declaración, EFF hace un llamado claro a las naciones para abstenerse de firmar o ratificar el tratado.
