La crisis en Muface, la mutualidad encargada de ofrecer asistencia sanitaria a los funcionarios del Estado, ha alcanzado un punto crítico con la retirada de las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV, quienes han decidido no participar en la nueva licitación para prestar el servicio debido a que consideran las condiciones económicas insostenibles. Esta decisión deja sin cobertura a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, poniendo en jaque la continuidad de su atención médica a partir del 31 de diciembre. Ante esta situación, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública está evaluando la viabilidad del sistema antes de presentar una oferta más atractiva.
Los funcionarios, encabezados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han anunciado movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo para evitar cualquier recorte en la asistencia sanitaria. Mientras tanto, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, junto a otros representantes del Gobierno, ha asegurado la continuidad del servicio a través de posibles prórrogas contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público. A pesar de las protestas y la incertidumbre, el Gobierno intenta transmitir tranquilidad a los mutualistas prometiendo que se preservarán sus prestaciones actuales.
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