La situación de los servicios públicos en España se encuentra en un estado alarmante, mientras la percepción de corrupción en las esferas políticas se acentúa. En un contexto donde la recaudación de impuestos ha alcanzado cifras históricas, la ciudadanía critica la desaceleración de los servicios esenciales. Según la Asociación Española de la Carretera, más de la mitad de los kilómetros de carretera del país presentan daños graves, reflejando un deterioro que no se veía desde los años ochenta. Esta situación plantea serias preguntas sobre el uso que los políticos hacen del dinero recaudado, especialmente cuando la inversión en mantenimiento no cumple ni de cerca con el ritmo de deterioro.
El descontento se extiende también al sector ferroviario, donde el servicio de Renfe ha visto un descenso en el número de usuarios debido a la acumulación de retrasos y cancelaciones. La confianza en el sistema se erosiona, y las quejas sobre la atención al cliente son cada vez más frecuentes. Además, la sanidad y la educación, que deberían ser pilares del estado del bienestar, muestran señales de agotamiento y precariedad, con listas de espera inaceptables en la sanidad y problemas de recursos en el ámbito educativo. En medio de esta crisis, la pregunta persiste: ¿dónde está el dinero que los ciudadanos aportan a través de sus impuestos?
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