El 31 de diciembre de 2024 marca el fin de una era para las empresas, con la finalización de la moratoria contable implementada durante la pandemia de COVID-19. Esta moratoria había brindado un alivio temporal al permitir que las pérdidas acumuladas en 2020 y 2021 no se consideraran para determinar posibles causas legales de disolución. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2025, las empresas deberán incluir estas pérdidas junto con las de 2022, 2023 y 2024, lo que podría forzarlas a evaluar urgentemente su patrimonio neto para evitar la disolución y las responsabilidades legales.
Inicialmente aprobada en 2020 como una medida extraordinaria, la moratoria buscaba ayudar a las empresas a sobrellevar las terribles consecuencias económicas de la pandemia. La intención era evitar que empresas viables se vieran obligadas a disolverse debido a un patrimonio neto negativo, situación casi inevitable en esos años de paralización económica. Para brindar un respiro adicional, la moratoria se extendió hasta el final de 2024, pero el tiempo se agota.
Con el fin de esta particular disposición, las empresas deben contar con las pérdidas anteriormente congeladas, lo que podría ocasionar que muchas entren en desequilibrio patrimonial si no lograron recuperarse económicamente en los años siguientes. Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, una empresa se enfrenta a una causa de disolución cuando su patrimonio neto cae por debajo de la mitad del capital social. En tal caso, los administradores están obligados a actuar rápidamente, convocando a una junta general de socios para tomar medidas como ajustar el capital social o disolver la sociedad, o buscando nueva financiación.
Detectar este problema a tiempo y actuar con proactividad es crucial. La legislación es clara: no hay lugar para justificaciones como «no lo vi venir». Los sistemas contables modernos permiten una detección rápida de problemas patrimoniales, por lo que la diligencia de los administradores es vital.
Desde el 1 de enero de 2025, las empresas deberán considerar todas las pérdidas acumuladas en los últimos cinco años. Aquellas que no tomen medidas rápidas y efectivas para restaurar su equilibrio patrimonial podrían enfrentarse a consecuencias graves, incluyendo la responsabilidad solidaria de los administradores, quienes podrían responder con su propio patrimonio frente a las deudas sociales.
La suspensión de la moratoria contable coloca a muchas empresas de nuevo en la línea de salida, exigiendo una revisión exhaustiva de las cuentas y una evaluación rápida de su situación patrimonial. La advertencia es clara: «más vale una reestructuración a tiempo que una responsabilidad solidaria». Las empresas deben prepararse para enfrentar estos desafíos financieros y asegurar su sostenibilidad en este nuevo contexto económico. La cuenta atrás ha comenzado, y 2025 exige acción inmediata y decisiva.
