El Gobierno de Donald Trump sigue adelante con su controversial plan de deportaciones masivas, una medida que ha generado críticas por desafiar las leyes y la Constitución de Estados Unidos. La más reciente propuesta del Ejecutivo, impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, contempla la suspensión del habeas corpus, una garantía constitucional que asegura el derecho de los detenidos a impugnar su arresto ante un tribunal. Esta acción radical, defendida bajo el pretexto de una «invasión» migrante, ha encendido el debate legal y político. Expertos como el profesor Steve Vladeck han calificado la medida como una amenaza considerable al estado de derecho, recordando que históricamente, el habeas corpus solo ha sido suspendido en situaciones extremas como en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esto, el apoyo del Congreso parece improbable, dado el escenario político actual.
Simultáneamente, la administración Trump enfrenta obstáculos logísticos significativos en su intento de deportar a un millón de migrantes indocumentados al año. Aunque más de 142,000 personas han sido deportadas, el Departamento de Seguridad Nacional no dispone de los recursos necesarios para alcanzar tal objetivo sin un considerable aumento en su personal. La iniciativa incluye la contratación de 20,000 agentes adicionales, así como el fortalecimiento de la colaboración con agencias locales y estatales mediante acuerdos 287 g. Estas medidas también incluyen incentivos y aplicaciones para la autodeportación de migrantes. Sin embargo, sin el apoyo decidido del Congreso y del sistema judicial, las ambiciones del Ejecutivo enfrentan un futuro incierto ante desafíos constitucionales y operativos.
Leer noticia completa en El Pais.
