La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir la investigación sobre el apaleamiento de un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ocurrido el 31 de diciembre de 2023. La decisión responde a un recurso presentado por la Fiscalía y a solicitudes del propio Sánchez y del PSOE, que consideraban prematuro el archivo del caso realizado por el juzgado de instrucción en febrero. Los magistrados argumentaron que las circunstancias del incidente podrían encuadrarse en un delito de amenazas, según lo estipulado en el Código Penal.
No obstante, los jueces han desestimado la posibilidad de que los hechos constituyan un delito de odio, así como su remisión a la Audiencia Nacional. Este giro en el caso ha suscitado un amplio debate sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica política, elevando la tensión en un contexto ya polarizado. La reactivación del proceso pone de relieve la necesidad de examinar cuidadosamente los actos que, aunque puedan parecer simbólicos, pueden ser interpretados como amenazas en un entorno de creciente crispación política.
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