El caso del colapso del muelle de madera de Vigo durante el evento O Marisquiño en agosto de 2018 suma un nuevo capítulo con la reapertura de la investigación ordenada por la Audiencia de Pontevedra. Este suceso, que dejó 467 heridos, vuelve a poner bajo escrutinio las responsabilidades potenciales del Ayuntamiento de Vigo y la Autoridad Portuaria. La decisión del tribunal revoca el cierre previo del caso y responde al recurso de cinco víctimas, argumentando que la investigación inicial no abordó adecuadamente el mantenimiento deficiente de las instalaciones. El tribunal busca concretar la posible responsabilidad penal de técnicos implicados y determinar si se puede exigir responsabilidad civil a las entidades públicas involucradas, considerando la denuncia de una omisión en el deber de cuidado y mantenimiento de las estructuras.
El proceso judicial ha revelado la complejidad del convenio de mantenimiento entre el Ayuntamiento y el Puerto, denominado «Abrir Vigo al Mar», que ha permitido eludir responsabilidades claras tras el accidente. El tribunal hace un llamado a clarificar quién debía mantener las infraestructuras colapsadas, señalando la falta de revisiones obligatorias y el avanzado deterioro de las estructuras. Mientras las víctimas expresan sentir respaldo por la reapertura del caso, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, liderados por Abel Caballero y Carlos Botana respectivamente, han declarado su respeto a la justicia, aunque sin acciones adicionales hasta el momento. La resolución destaca la importancia de la responsabilidad municipal en la conservación de estructuras, y la omisión de revisiones que vulneran derechos fundamentales de seguridad, según indica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, subrayando el incumplimiento de normativas de mantenimiento esenciales.
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