Las economías avanzadas se encuentran bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI) debido al volátil escenario de deuda pública mundial, exacerbado por el fenómeno de la desinflación. En este contexto, España presenta un panorama particular. A pesar de que su deuda pública alcanzó un incremento de 71.000 millones de euros en 2023, la proporción de esta respecto al PIB disminuyó notablemente gracias al efecto de la inflación, que al revalorizar el PIB nominal y aumentar los ingresos fiscales, aligeró el peso relativo de la deuda. Este fenómeno contrasta con otros países europeos que, al enfrentar la recesión, no han experimentado la misma suerte. El ajuste de 8.000 millones de euros en España, repartido entre medidas de gasto y recaudación, permitiría llevar la deuda hacia una trayectoria sostenible, aprovechando el contexto de tipos de interés más bajos, similar al ajuste realizado antes de la pandemia.
La moderación inflacionaria supone un desafío significativo, ya que el alivio proporcionado por la inflación a las arcas públicas podría desaparecer. Esto hace imperativo que España mantenga un crecimiento económico constante y cierre el déficit presupuestario, considerado en torno al 3% en un escenario de políticas constantes. Además, es crucial invertir de manera efectiva, particularmente en áreas críticas como la vivienda social, sin replicar errores del pasado que limitan el crecimiento sustentable. El FMI advierte que la inercia o la inacción podrían dejar al país expuesto ante riesgos geopolíticos, medioambientales y financieros. Estos riesgos podían materializarse con un despertar abrupto de los mercados que penalizaría a las naciones tanto por sus finanzas desordenadas como por la falta de bases sólidas para el crecimiento futuro.
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