Raquel Martínez, una vecina de Nou Barris, Barcelona, vive desde hace 18 años en un constante estado de incertidumbre tras huir de su hogar en 2006 debido a la violencia machista sufrida por su exmarido. A lo largo de este tiempo, ha enfrentado múltiples desafíos en su búsqueda de una vivienda estable para ella y sus hijos. Raquel ha pasado por desahucios y aplazamientos, sin recibir información adecuada sobre sus derechos a una vivienda de emergencia. A pesar del ofrecimiento del programa Reallotgem, la administración le negó la opción al considerar que el espacio no cumplía con los requisitos mínimos, dejándola desprotegida ante un posible desalojo por parte del fondo Anticipa Real Estate.
A pesar de las promesas, la situación de Raquel continúa siendo precaria. Aunque se le asignó un piso de alquiler social, las condiciones del mismo eran inhabitables, lo que fue confirmado por arquitectos de la Agència Catalana d’Habitatge. En medio de las negociaciones para otra vivienda, la actualización más reciente señala un desahucio pendiente, que ha sido temporalmente suspendido mientras se buscan soluciones. La administración local asegura estar en contacto constante con ella, pero Raquel siente que solo ha recibido promesas vacías y exige soluciones reales que le permitan finalmente estabilizar su vida.
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