El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido el panorama político español al poner en el foco a varios ex altos cargos del PSOE y empresarios vinculados a la adjudicación de contratos públicos. El documento, remitido al juez instructor y al que han accedido diversos medios, desglosa cómo, presuntamente, una red de personas habría gestionado el cobro de comisiones ilegales a cambio de favorecer a determinadas empresas en concursos públicos.
Según la UCO, la presunta trama estaría liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El informe también cita a altos cargos del sector público, como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero, cuya participación habría sido clave para manipular los procesos de contratación.
La UCO sostiene que la operativa se centraba en la adjudicación irregular de contratos públicos a grandes empresas constructoras, como Acciona, a cambio de comisiones millonarias. Por ejemplo, el informe recoge que, de acuerdo a las intervenciones telefónicas y los documentos analizados, Cerdán habría gestionado 620.000 euros en contraprestaciones económicas presuntamente pagadas por Acciona.
De esa cantidad, 550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones en Murcia, mientras que el resto correspondería a operaciones vinculadas a inmuebles y otras ciudades como Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, donde la Guardia Civil habla de otros 450.000 euros pendientes de abono por nuevas adjudicaciones.
Las conversaciones interceptadas detallan, por ejemplo, cómo Koldo García solicitaba a Cerdán el pago de 150.000 euros a Ábalos “para quitarse a su exmujer de encima”. Esta petición y otras similares muestran, según la UCO, un uso privado de fondos públicos a través de un entramado de favores y pagos encubiertos.
La investigación señala directamente a la empresa Acciona como presunta pagadora de las comisiones. Los expedientes afectados corresponden a obras públicas en diversas provincias españolas, con epicentro en Murcia, pero también con actuaciones en Logroño, Sevilla y Barcelona. Según la UCO, la manipulación de los procesos de contratación se habría logrado gracias a la influencia de los cargos públicos implicados.
El informe de la UCO ha motivado la apertura de una pieza separada en el procedimiento, orientada a investigar a fondo la dimensión económica y patrimonial de la supuesta trama. Esta decisión permite analizar movimientos bancarios, posibles embargos y flujos de dinero entre empresas y particulares relacionados con los hechos.
En el ámbito político, el escándalo ha provocado una fuerte crisis interna en el PSOE y ha puesto en jaque la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Socios como Sumar y Más Madrid han exigido el cese inmediato de Santos Cerdán y explicaciones “en primera persona” del presidente Sánchez. La oposición, encabezada por el PP, pide la comparecencia urgente del Ejecutivo y no descarta nuevas iniciativas en el Parlamento.
El futuro de la investigación dependerá de la evolución judicial y de las nuevas pruebas que puedan aportar las partes. De confirmarse las acusaciones, la trama podría derivar en responsabilidades penales y políticas de gran alcance, así como en la devolución de fondos públicos presuntamente desviados.
La opinión pública, mientras tanto, asiste expectante a una nueva etapa en la lucha contra la corrupción, con la UCO y la Audiencia Nacional como protagonistas de una investigación que puede marcar un antes y un después en la transparencia de la contratación pública en España.
