El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido el panorama político español al poner en el foco a varios ex altos cargos del PSOE y empresarios vinculados a la adjudicación de contratos públicos. El documento, remitido al juez instructor y al que han accedido diversos medios, desglosa cómo, presuntamente, una red de personas habría gestionado el cobro de comisiones ilegales a cambio de favorecer a determinadas empresas en concursos públicos.
¿Quiénes son los principales implicados?
Según la UCO, la presunta trama estaría liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El informe también cita a altos cargos del sector público, como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero, cuya participación habría sido clave para manipular los procesos de contratación.
El “modus operandi”: adjudicaciones, mordidas y pagos en efectivo
La UCO sostiene que la operativa se centraba en la adjudicación irregular de contratos públicos a grandes empresas constructoras, como Acciona, a cambio de comisiones millonarias. Por ejemplo, el informe recoge que, de acuerdo a las intervenciones telefónicas y los documentos analizados, Cerdán habría gestionado 620.000 euros en contraprestaciones económicas presuntamente pagadas por Acciona.
De esa cantidad, 550.000 euros estarían asociados a dos adjudicaciones en Murcia, mientras que el resto correspondería a operaciones vinculadas a inmuebles y otras ciudades como Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, donde la Guardia Civil habla de otros 450.000 euros pendientes de abono por nuevas adjudicaciones.
Las conversaciones interceptadas detallan, por ejemplo, cómo Koldo García solicitaba a Cerdán el pago de 150.000 euros a Ábalos “para quitarse a su exmujer de encima”. Esta petición y otras similares muestran, según la UCO, un uso privado de fondos públicos a través de un entramado de favores y pagos encubiertos.
El papel de las empresas y los expedientes públicos
La investigación señala directamente a la empresa Acciona como presunta pagadora de las comisiones. Los expedientes afectados corresponden a obras públicas en diversas provincias españolas, con epicentro en Murcia, pero también con actuaciones en Logroño, Sevilla y Barcelona. Según la UCO, la manipulación de los procesos de contratación se habría logrado gracias a la influencia de los cargos públicos implicados.
El contexto judicial y las reacciones políticas
El informe de la UCO ha motivado la apertura de una pieza separada en el procedimiento, orientada a investigar a fondo la dimensión económica y patrimonial de la supuesta trama. Esta decisión permite analizar movimientos bancarios, posibles embargos y flujos de dinero entre empresas y particulares relacionados con los hechos.
En el ámbito político, el escándalo ha provocado una fuerte crisis interna en el PSOE y ha puesto en jaque la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Socios como Sumar y Más Madrid han exigido el cese inmediato de Santos Cerdán y explicaciones “en primera persona” del presidente Sánchez. La oposición, encabezada por el PP, pide la comparecencia urgente del Ejecutivo y no descarta nuevas iniciativas en el Parlamento.
¿Qué puede suceder ahora?
El futuro de la investigación dependerá de la evolución judicial y de las nuevas pruebas que puedan aportar las partes. De confirmarse las acusaciones, la trama podría derivar en responsabilidades penales y políticas de gran alcance, así como en la devolución de fondos públicos presuntamente desviados.
La opinión pública, mientras tanto, asiste expectante a una nueva etapa en la lucha contra la corrupción, con la UCO y la Audiencia Nacional como protagonistas de una investigación que puede marcar un antes y un después en la transparencia de la contratación pública en España.
