El Gobierno vasco ha calificado de «muy graves, intolerables e inaceptables» los incidentes recientes, que se suman a precedentes similares ocurridos en Hernani y Ordizia. Las autoridades han mostrado su preocupación por el aumento de situaciones que alteran el orden público y subrayan la necesidad de tomar medidas contundentes para evitar su repetición. En este contexto, la intervención de la Ertzaintza ha sido un tema central de discusión, especialmente tras los eventos en los que se solicitó su presencia para apoyar a los agentes locales frente a altercados significativos.
Por su parte, la alcaldesa de EH Bildu ha criticado lo que considera una actuación «desproporcionada» por parte de la Ertzaintza. Argumenta que la respuesta de los cuerpos policiales autónomos no se ajustó a la magnitud de los incidentes, exacerbando la situación en lugar de calmarla. Esta diferencia de opiniones resalta las tensiones en torno a la gestión del orden público en la región, planteando un desafío adicional para las autoridades locales y autonómicas en su intento de equilibrar la seguridad y el respeto a los derechos ciudadanos.
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