En recientes acciones del Gobierno, se han distribuido treinta y cinco millones de euros con el objetivo de avanzar en la digitalización de los medios de comunicación, una medida que ha generado controversia en el ámbito político y mediático. Críticos de esta asignación financiera han señalado que estos fondos benefician a medios que ya poseen plataformas digitales establecidas, y sostienen que el verdadero propósito es silenciar a las voces discordantes con la gestión gubernamental vigente. Además, se acusa al Ejecutivo de manipular el destino de los recursos fiscales bajo el pretexto de proteger la veracidad informativa, ocultando así presuntas irregularidades institucionales. Esta dinámica, alimentada por un aumento continuo en los impuestos, deja en evidencia la creciente desconfianza en el compromiso del gobierno con la transparencia y la fiscalización justa de los fondos públicos.
Paralelamente, han surgido cuestionamientos sobre la gestión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tras la publicación crítica del exdiputado Pablo Cambronero. Se alega que los fondos destinados a ayuda internacional han sido malversados, mientras problemas internos como la atención a las víctimas de desastres naturales o el fortalecimiento del sistema sanitario y educativo quedan rezagados. Esta situación ha avivado el debate sobre las prioridades del Gobierno y ha intensificado la crítica hacia grupos afines a la administración actual, a quienes se acusa de favorecer un modelo dependiente del Estado a costa del ciudadano medio. La propuesta de una auditoría pública para esclarecer la asignación de estos fondos cobra fuerza, reflejando la creciente presión sobre el gobierno para reivindicar la confianza pública a través de una gestión más responsable y equitativa.
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