En el contexto político actual de España, el término «lawfare» ha ganado prominencia como una herramienta retórica entre los partidos políticos. Este término, que describe el uso de procedimientos judiciales para dañar políticamente a adversarios, ha sido adoptado recientemente por el PSOE, según algunos críticos, de manera repentina y con falta de prudencia. La incorporación de este discurso por parte del PSOE ha suscitado controversia, siendo calificado por algunos analistas como una estrategia precaria teniendo en cuenta la complejidad y seriedad que conlleva acusar a un sistema judicial democrático de tal comportamiento.
La adopción del «lawfare» por el PSOE ha generado debates internos y externos, ya que, aunque busca posicionarse como una defensa ante lo que considera ataques judiciales politizados, pone en riesgo la confianza pública en el sistema judicial. Este enfoque, que puede ser visto como parte de la polarización creciente en la política española, despierta preocupaciones sobre el impacto que tales acusaciones pueden tener en la percepción de imparcialidad y autonomía de las instituciones judiciales. El debate sobre la legitimidad de estos reclamos parece lejos de resolverse, ya que involucra cuestiones fundamentales sobre el equilibrio de poderes y el respeto mutuo entre las ramas del gobierno.
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