La próxima subasta de los derechos de televisión de LaLiga, para las temporadas 2027/28 a 2031/32, no solo decidirá quién emitirá los partidos de Primera División. También puede cambiar, de forma silenciosa pero profunda, cómo se navega por internet en España: qué webs se pueden visitar, cómo se usan las VPN y hasta qué margen tendrá una operadora como Movistar para ayudar a identificar a quienes ven fútbol pirata.
LaLiga ha redactado un pliego de condiciones que refuerza al máximo su estrategia antipiratería. Cualquier empresa que quiera hacerse con los derechos —y Movistar es una de las grandes interesadas— tendrá que aceptar un paquete de obligaciones que van mucho más allá de emitir los partidos en televisión.
Desde hace años, LaLiga cuenta con una resolución judicial que le permite ordenar a los operadores de telecomunicaciones el bloqueo de dominios, direcciones IP y servicios que emiten fútbol pirata durante las jornadas de liga. Son los llamados “bloqueos dinámicos”: listas que se actualizan en tiempo real cuando aparecen nuevas webs o listas IPTV ilegales.
Esa autorización vale solo hasta el final de la temporada 2026/27. A partir de ahí, si quiere seguir bloqueando en los mismos términos, LaLiga necesita nuevas decisiones de los juzgados. Esa realidad jurídica es el punto de partida del nuevo pliego de condiciones para el periodo 2027/28–2031/32.
En el pliego, LaLiga exige que los adjudicatarios se comprometan a “colaborar activamente” para conseguir nuevas autorizaciones judiciales que permitan mantener los bloqueos dinámicos más allá de 2027. Pero el documento va un paso más allá.
La patronal de los clubes quiere que las operadoras firmen, en contrato, que bloquearán de forma inmediata los dominios, subdominios, IPs y páginas que LaLiga les notifique como infractores, sin necesidad de esperar a una orden judicial en cada caso. LaLiga se apoya en informes de su departamento antifraude y en proveedores externos que certifican qué webs están emitiendo contenidos sin permiso.
En la práctica, esto supondría una vía “rápida” para cortar accesos: si LaLiga detecta una web o un servidor que difunde su señal sin pagar, lo notifica al operador y este tendría que bloquearlo en su red, porque así lo habría aceptado en el contrato de derechos.
El cambio no se queda en las redes de las operadoras. El pliego también busca extender los bloqueos a otros servicios de internet. LaLiga pide a los adjudicatarios que impulsen “acciones judiciales y extrajudiciales” para obligar a terceros intermediarios a aplicar los mismos bloqueos, si se usan sus servicios para eludir las restricciones.
En esa lista de intermediarios aparecen, de forma explícita:
El objetivo es claro: si un usuario intenta saltarse los bloqueos conectándose a una VPN o usando un DNS alternativo, LaLiga quiere que también esos servicios tengan que bloquear los dominios que se les indiquen. Esto abre un debate delicado, porque las VPN y los DNS públicos se utilizan también para el teletrabajo, la privacidad o la mejora del rendimiento, no solo para ver contenidos pirata.
Además de los bloqueos, el pliego exige un refuerzo técnico importante. Los futuros adjudicatarios tendrán que desplegar medidas como:
El objetivo es dificultar que un abonado legítimo pueda “reemitir” la señal hacia otros, por ejemplo mediante programas P2P como AceStream o a través de sistemas de cardsharing, que comparten claves de descodificación entre varios hogares.
Para el usuario medio, todo esto puede traducirse en más controles, más verificaciones de ubicación y más restricciones cuando se intente acceder desde conexiones que parezcan sospechosas o desde determinados servicios de VPN.
Otro punto sensible del pliego es la identificación de usuarios. Cuando el adjudicatario sea también operador de internet —como ocurre con Movistar—, se compromete a cooperar en diligencias judiciales para identificar a los clientes que usan su conexión para acceder a contenidos de LaLiga de forma ilícita, por ejemplo mediante AceStream o cardsharing. Además, el operador se compromete a no impugnar las resoluciones judiciales que ordenen esa identificación.
En la práctica, si un juez lo autoriza y se vincula una dirección IP a una conexión concreta, la operadora debería facilitar los datos del titular de la línea. LaLiga ya ha utilizado en el pasado información de este tipo para enviar cartas certificadas a usuarios identificados, reclamando importes de entre 262 y 450 euros para evitar una demanda civil por daños a sus derechos audiovisuales.
Si Movistar se quedara con los derechos de LaLiga, su doble papel sería especialmente relevante: al mismo tiempo que ofrecería el fútbol como producto estrella, también se convertiría en pieza clave de la estrategia para perseguir el consumo pirata a través de sus propias conexiones de fibra y datos móviles.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que supervisa tanto el audiovisual como las telecomunicaciones, ha analizado la propuesta de LaLiga en el informe INF/CNMC/238/25. Su conclusión es clara: algunas cláusulas van más allá de lo que permite la ley.
El regulador acusa a LaLiga de situarse como “juez” de posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual al imponer bloqueos sin intervención judicial. Y critica que se obligue a los adjudicatarios a adoptar un catálogo muy amplio de medidas técnicas y legales, sin demostrar que todas sean necesarias y proporcionadas.
Además, la CNMC pide:
El informe no es vinculante, pero marca posición. LaLiga tendrá que decidir ahora si introduce cambios en el pliego y, paralelamente, las operadoras —incluida Movistar— tendrán que valorar si asumen el conjunto de obligaciones o si plantean objeciones ante los tribunales.
Para una familia que solo quiere ver el fútbol legalmente, el principal impacto sería seguir teniendo los partidos en la plataforma donde ya están abonados, si Movistar o cualquier otro operador logra los derechos.
Sin embargo, para el conjunto de usuarios de internet en España, el nuevo modelo plantea varios posibles cambios:
Todo ello en un contexto en el que el negocio del fútbol televisado mueve en España alrededor de 1.800 millones de euros anuales en derechos, y donde la piratería se percibe desde la industria como una amenaza directa a ese modelo.
El equilibrio entre la defensa de esos ingresos y la protección de derechos digitales como la privacidad, la presunción de inocencia o la neutralidad de la red será uno de los debates de fondo en los próximos meses.
¿Puede una operadora de fibra bloquear páginas web sin una orden de juez?
En general, los bloqueos de páginas web en España se realizan por orden de la autoridad judicial o de organismos competentes como la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Lo novedoso del pliego de LaLiga es que pretende que los adjudicatarios acepten contractualmente bloquear dominios e IPs que la propia Liga les notifique como infractores, sin necesidad de una orden individual en cada caso. Esto está siendo cuestionado por la CNMC, que considera que LaLiga no puede decidir por sí misma qué contenidos vulneran derechos y qué páginas deben bloquearse.
¿Es ilegal usar una VPN para ver contenidos de streaming como fútbol o series?
El uso de una VPN, por sí mismo, no es ilegal: es una herramienta común en teletrabajo, seguridad y privacidad. Lo que sí puede ser ilícito es utilizarla para acceder a contenidos de pago de forma no autorizada, por ejemplo a señales de fútbol pirata o a suscripciones compartidas fuera de las condiciones del contrato. El pliego de LaLiga apunta a los proveedores de VPN, DNS y otros servicios que se emplean para eludir bloqueos, e intenta que se vean obligados a aplicar las mismas restricciones que las telecos cuando se trata de contenidos de LaLiga.
¿Qué puede ocurrir si se detecta que una conexión de casa se usa para ver fútbol pirata?
Si en una investigación judicial se vincula una dirección IP con la distribución o el consumo de fútbol pirata (por ejemplo, mediante P2P o cardsharing), el juez puede ordenar a la operadora que identifique al titular de la línea. Según el pliego, los adjudicatarios se comprometen a colaborar en esas diligencias y a no impugnar las resoluciones. En el pasado, LaLiga ya ha utilizado datos de este tipo para enviar cartas certificadas reclamando cantidades económicas a usuarios identificados, como paso previo a una posible demanda civil.
¿Qué margen tiene la CNMC para frenar las medidas más duras contra VPN y bloqueos?
La CNMC solo emite un informe previo, no vinculante, sobre el pliego de LaLiga, pero su opinión pesa. Puede señalar qué cláusulas considera desproporcionadas o contrarias a la normativa y pedir que se corrijan. Si LaLiga no introduce cambios y alguna operadora considera que ciertas obligaciones vulneran la ley o la competencia, puede recurrirlas ante los tribunales. Serán finalmente los jueces quienes marquen los límites de hasta dónde se puede llegar en bloqueos, control de VPN y cooperación de las telecos para identificar usuarios.
Fuentes:
