La modificación de la legislación laboral en España, efectiva desde el 1 de mayo de 2025, ha introducido cambios significativos en el tratamiento de los contratos laborales en casos de incapacidad permanente. La Ley 2/2025, que revisa el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, elimina la extinción automática del contrato en situaciones de incapacidad permanente.
Bajo la normativa anterior, los contratos de trabajadores con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez podían ser terminados sin procedimientos adicionales. La nueva legislación requiere que las empresas exploren alternativas antes de tomar medidas definitivas, promoviendo así la inclusión laboral. Se establece que las empresas deben intentar ajustar el puesto de trabajo o reubicar al empleado en una función adecuada a su situación.
El procedimiento comienza con el trabajador, quien dispone de 10 días naturales para expresar su intención de continuar en la empresa. Posteriormente, la empresa tiene un plazo de tres meses para evaluar las posibles adaptaciones o reubicaciones. Solo si estas opciones no son viables sin incurrir en una carga excesiva, el contrato puede ser terminado, con la debida justificación.
Los «ajustes razonables» se refieren a las modificaciones necesarias para permitir que un empleado con discapacidad desempeñe su función en condiciones justas. La ley especifica cuándo una carga puede considerarse excesiva, poniendo especial énfasis en pequeñas empresas de menos de 25 empleados. En tales casos, el coste de la adaptación no debe superar la indemnización legal por despido o el equivalente a seis meses de salario del trabajador.
Este cambio legislativo, además de representar un desafío, ofrece una oportunidad para las empresas de fortalecer su compromiso con la inclusión. Los empresarios deben evaluar proactivamente las adaptaciones necesarias y documentar cada paso del proceso. Esto no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también protege a la empresa ante posibles conflictos.
La Ley 2/2025 marca un avance en la protección de los derechos laborales de personas con discapacidad, fomentando un entorno laboral más inclusivo. Firmas como Puigverd Assessors están dedicadas a asesorar a las empresas en la adaptación a esta nueva normativa, impulsando prácticas laborales que promuevan la igualdad y no discriminación.
