El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que elimine las restricciones personales sobre él, incluyendo la orden nacional de detención, en virtud de la ley de amnistía. Puigdemont, quien reside en Bruselas desde 2017, argumenta que esta ley debería aplicarse a sus acusaciones por desobediencia y malversación de fondos públicos. El juez Llarena ha consultado con las partes involucradas sobre la aplicabilidad de la amnistía y los posibles impactos financieros para la Unión Europea. La Fiscalía también debate sobre el uso de fondos públicos destinados al procés, especificando que no debe haber propósito de enriquecimiento personal. Puigdemont insiste en que sus acciones buscaban únicamente promover el referéndum del 1 de octubre de 2017 y no perjudicaron los intereses financieros de la UE. La decisión final sobre la amnistía está pendiente de las opiniones de la Fiscalía y otras partes en tres causas relacionadas con el procés, con un plazo de presentación de escritos que concluye este martes.
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