El Gobierno español, compuesto por el PSOE y Sumar, ha alcanzado un acuerdo político clave en torno al IRPF para compensar a aproximadamente el 20% de los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), principalmente solteros sin hijos, que actualmente deben pagar este impuesto. Este logro fue conseguido tras intensas negociaciones matutinas que estuvieron marcadas por la tensión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Para evitar un veto gubernamental a la iniciativa propuesta por Sumar, el acuerdo técnico aún está pendiente, pero parece inevitable que la proposición sea retirada antes de ser discutida. Durante el proceso, Díaz había criticado públicamente a Montero por abandonar la mesa de negociaciones, destacando la serie de propuestas enviadas para buscar un consenso sobre la tributación del SMI.
Desde Hacienda, se ha defendido una postura firme indicando que el compromiso con Sumar solo se limitaba a que el SMI alcanzara el 60% del sueldo medio, sin garantías de exenciones en el IRPF independientemente de futuras subidas. La subida del 4,4% del SMI para 2025 implica que ahora un segmento significativo de trabajadores deberá tributar, rompiendo con los ajustes anteriores que evitaban tal situación. A pesar de la propuesta de Sumar para eximir a estos trabajadores de las cargas fiscales, Hacienda rechaza actualizaciones continuas del beneficio fiscal tras incrementos salariales. Díaz, sosteniendo su demanda de justicia fiscal, remarcó que el Congreso de los Diputados, casi en su totalidad, apoya la exención tributaria asociada al 60% del salario medio neto, argumentando que no cumplirlo resulta en una «enorme injusticia fiscal». Por lo pronto, el trámite para presentar un posible veto por parte del Gobierno a la ley de Sumar finalizará en breve, aunque el debate y la votación de este tema podrían prolongarse hasta principios de abril.
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