El sector socialista del Gobierno español reconoce que avanzar con la propuesta de reducción de jornada laboral en el Congreso se presenta complicado. Las tensiones internas y la falta de consenso entre sus aliados parlamentarios han frenado el impulso de esta medida, que ha sido una de las promesas de alcance social más destacadas. A pesar de los esfuerzos por encontrar apoyo, las posiciones divergentes sobre el impacto económico y la aplicabilidad de la reducción han generado un estancamiento en las conversaciones.
Dentro del Gobierno, la iniciativa enfrenta desafíos no solo en el ámbito legislativo, sino también en el interno, donde existen discrepancias sobre cómo implementar la medida sin afectar la productividad ni la competitividad del tejido empresarial español. La propuesta, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, se encuentra ahora en un punto crítico, requiriendo mayores compromisos para avanzar en su implementación.
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