En los últimos quince años, el endeudamiento de las comunidades autónomas en España ha aumentado de manera considerable, llegando a suponer una carga financiera que obliga a las regiones a desembolsar sumas millonarias anualmente. Según la consultora Analistas Financieros Internacionales (Afi), se estima que para 2025 los gobiernos regionales necesitarán alrededor de 34.500 millones de euros para afrontar los vencimientos de préstamos y cubrir sus déficits. Cataluña es la comunidad con mayor deuda, requiriendo más de 8.000 millones del total mencionado, lo que representa más del 20% del volumen global. La estructura de financiación y la corta duración media de su deuda, en comparación con la del Estado, obligan a las autonomías a refinanciar constantemente un creciente volumen de pasivos, que conjunta alcanzó los 333.177 millones de euros en el tercer trimestre de 2024, cinco veces más de lo que era antes de la crisis financiera.
El crecimiento desmedido del pasivo autonómico comenzó tras la crisis de 2008, cuando el colapso de Lehman Brothers y el estallido de la burbuja inmobiliaria golpearon duramente a España, deteriorando las cuentas de las comunidades autónomas y dificultando su acceso a financiación. Para abordar la situación, en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy estableció mecanismos extraordinarios de liquidez, permitiendo que el Estado se endeude en el mercado en nombre de las comunidades. Estos instrumentos, que deberían haber desaparecido con la mejora de la economía, todavía están vigentes y cubren un 60% de la deuda regional. Cataluña, junto a la Comunidad Valenciana, es de las más beneficiadas por estos mecanismos. A pesar de que algunos expertos y economistas argumentan que debería reformarse el sistema de financiación y condonarse parte de la deuda para aliviar la carga, la eliminación abrupta de estos mecanismos podría llevar a obligaciones prohibitivas para las comunidades más endeudadas.
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