Un grupo de 67 afiliados ha presentado una denuncia en contra de los criterios determinantes para la elegibilidad de votantes en el próximo proceso electoral interno de su partido. Los denunciantes argumentan que las directrices actuales son restrictivas e injustas, limitando innecesariamente la participación de una parte significativa de la militancia. Esta medida ha generado un debate interno, ya que los implicados sostienen que los criterios establecidos favorecen a ciertos grupos internos, creando un entorno desigual y poco democrático para la selección de futuros líderes.
Por otro lado, partidarios cercanos a la ministra en funciones han salido en defensa de los criterios actuales, acusando al diputado que respalda la denuncia de intentar «deslegitimar» la estructura del partido. Según estos simpatizantes, la acción emprendida por el grupo de 67 afiliados es una estrategia para sembrar discordia y desacreditar los procesos internos en un momento crítico previo a las elecciones. Este conflicto pone de manifiesto las tensiones existentes en el partido, evidenciando la necesidad de un diálogo abierto y transparente para resolver las diferencias respecto a las normas electorales y asegurar la cohesión interna.
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