Un total de 11 familias, que incluyen a nueve menores, enfrentarán un inminente desahucio el próximo 5 de diciembre en la calle Verdad, del barrio de Palmete en Sevilla. La decisión judicial que permite la expropiación del edificio en el que residen, habitado desde hace más de diez años, fue favorable a la inmobiliaria Altamira, gestionada por el Banco Santander. Los afectados han expresado su indignación, ya que las notificaciones de desalojo han llegado a nombre de la entidad del promotor, sin haber mantenido comunicación directa con ellos ni haber solicitado su documentación, lo que han calificado como una violación de sus derechos.
Las familias resisten, sosteniendo que poseen contratos de alquiler con derecho a compra y que han estado cumpliendo con sus obligaciones económicas. Una de las vecinas enfatizó su deseo de conservar su hogar, que ha sido objeto de sacrificio y esfuerzo. Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, criticó las políticas del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, argumentando que estas favorecen a los especuladores en detrimento de los derechos de los inquilinos. Las familias demandan, en esta dura batalla legal, la regularización de su situación para poder continuar pagando sus viviendas, que consideran su legítima propiedad.
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