En Extremadura, más de 80 organismos, incluyendo entidades públicas y grupos de la sociedad civil, han unido fuerzas en un esfuerzo coordinado para defender la continuidad de la central nuclear cacereña. Esta alianza busca garantizar la operación de la planta frente a presiones y cambios normativos que podrían llevar a su cierre. La central es considerada un pilar fundamental para la economía regional, proporcionando empleo directo e indirecto a cientos de personas y siendo una fuente significativa de energía en la zona.
La iniciativa surge en un contexto de creciente debate sobre el futuro energético de España y el papel de la energía nuclear. Los firmantes de esta alianza argumentan que el cierre de la central no solo afectaría la economía local, sino que también podría aumentar la dependencia energética del país. A pesar de las preocupaciones medioambientales y de seguridad asociadas con la energía nuclear, los defensores abogan por una transición energética que permita seguir explotando la central mientras se desarrollan alternativas sostenibles.
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