Miles de ucranianos han vuelto a las calles para protestar contra el presidente Volodímir Zelenski, tras la aprobación de una polémica reforma que somete a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) al poder del fiscal general. Las manifestaciones, que comenzaron en Kiev y se extendieron a otras ciudades como Odesa y Lviv, han reunido a un número creciente de participantes. La medida ha sido vista como un ataque a la independencia de estas instituciones, clave en los avances democráticos del país desde la revolución del Maidán en 2014. Los manifestantes, mayoritariamente jóvenes y mujeres, rechazan el control propuesto por el gobierno, acusándolo de buscar centralizar el poder y comprometer la lucha contra la corrupción.
El descontento social no es el único desafío para Zelenski; la reforma ha desencadenado preocupación internacional. Los embajadores del G-7 y la Unión Europea han manifestado su descontento por la potencial pérdida de autonomía de la NABU y la SAPO, considerándolas vitales para el Estado de derecho. Además, la comisaria europea, Marta Kos, calificó la aprobación de la ley como un paso atrás en el camino de Ucrania hacia la UE. Las crecientes críticas internas e internacionales han llevado a Zelenski a proponer una nueva ley para garantizar la independencia de las agencias, indicando que está dispuesto a escuchar las demandas de la población. Sin embargo, la oposición asegura que la medida es un intento de evitar que las investigaciones anticorrupción lleguen a su entorno.
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