La Comisión Europea ha avanzado en la regulación de las redes sociales con nuevas directrices bajo el Artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales, suscitando preocupaciones sobre el impacto en los derechos de privacidad y expresión de los jóvenes, en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha intervenido, destacando la importancia de proteger la seguridad y privacidad de los jóvenes sin comprometer su libertad de expresión ni su acceso a los espacios digitales. El Artículo 28 establece que las plataformas deben implementar medidas para garantizar un alto nivel de seguridad y privacidad para los menores. Sin embargo, también prohíbe la publicidad dirigida a ellos, lo que desafía a las plataformas a determinar la edad de sus usuarios sin incentivarlos a recopilar datos.
Este dilema apunta a los métodos de verificación de edad, fundamentales para las obligaciones de las plataformas. La EFF advierte sobre las implicaciones de estos métodos para los derechos de los jóvenes. La mayoría requiere documentos oficiales, a los que muchas poblaciones marginadas no acceden. Alternativas como la estimación biométrica de la edad implican manejar datos sensibles, con riesgos de discriminación.
Las directrices de la Comisión sugieren medidas sobre un «diseño apropiado para la edad», que incluyen configuraciones de privacidad predeterminadas y moderación de contenido, beneficiosas para todos. No obstante, la nueva interpretación sugiere que deben aplicarse restricciones de acceso basadas en la edad para proteger a los menores.
Esta visión sorprende a algunos en Bruselas, donde se consideraron prohibiciones como las de Australia como desproporcionadas. La Comisión responde a presiones de países como Francia y Grecia para establecer límites de edad en redes sociales, permitiendo leyes nacionales al respecto.
La idea de usar la verificación de edad como una medida estándar preocupa, pues podría forzar amplios mandatos legales. Tales prohibiciones no garantizan un internet más seguro para los jóvenes. Al excluirlos, se eliminan incentivos para que plataformas mejoren su seguridad, y los adolescentes podrían intentar evitar las restricciones, quedando sin protecciones adecuadas.
