El conflicto por la devolución de la fianza se ha convertido en un problema común y recurrente para los inquilinos al finalizar un contrato de alquiler. Muchos de ellos acusan a los propietarios de retener las sumas depositadas sin justificación válida, presentando excusas que van desde necesidades básicas como pintar o limpiar, hasta reclamaciones disparatadas como daños inexistentes en mobiliario. Casos como los de Nuria Rodríguez y Sandra Mora ejemplifican esta problemática. Rodríguez relata que su arrendador, a quien inicialmente consideraba el mejor casero, terminó reteniendo 400 euros alegando daños infundados, mientras que Mora denuncia que su propietario se quedó con 500 euros, inventando carencias de un inventario nunca visto.
El problema se agrava por la aparente desprotección legal y la complicidad de algunas agencias inmobiliarias que, según críticos, favorecen a los propietarios. Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos supuestamente protege a los inquilinos, en la práctica, muchos se encuentran indefensos ante la retención de fianzas y dobles garantías de manera arbitraria. Aunque existen motivaciones válidas, como daños demostrados por negligencia del inquilino, la falta de control y regulación efectiva fomenta abusos. Expertos legales aconsejan tomar medidas preventivas, como documentar el estado del inmueble con fotos y añadir cláusulas específicas en el contrato. Además, recomiendan negociaciones iniciales y, si es necesario, recurrir a acciones legales para recuperar lo que legítimamente corresponde al inquilino.
Leer noticia completa en El Pais.
