Desde la administración de Lyndon B. Johnson, una inusual norma en Estados Unidos prohíbe a los presidentes conducir vehículos por motivos de seguridad. Esta prohibición se extiende también a los ex presidentes, como establece la ley aprobada en 1958 que les garantiza protección de por vida proporcionada por el Servicio Secreto. Además de esta protección, los ex mandatarios disfrutan de beneficios como una pensión, seguro médico y gastos de personal cubiertos. Esta medida, cuyo objetivo es preservar la integridad de estas figuras emblemáticas, también se aplica a los vicepresidentes, quienes reciben una protección similar durante seis meses después de dejar el cargo. Sin embargo, los ex oficiales tienen la posibilidad de solicitar excepciones para conducir en casos específicos.
La Ley de ex presidentes de 1958 también asegura a quienes han ocupado el cargo público más alto en Estados Unidos una serie de privilegios vitalicios. Entre estos, se incluye una asignación monetaria anual equivalente al sueldo básico del jefe de un departamento ejecutivo. Además, se proporciona personal de oficina seleccionado por ellos mismos, así como un espacio de trabajo adecuadamente amueblado y equipado. Las viudas de los ex presidentes también se benefician al recibir una asignación anual de 20,000 dólares, siempre que renuncien a otros derechos de pensión o anualidades. En cada año fiscal, se asignan hasta 1 millón de dólares para ex presidentes y 500,000 dólares para sus cónyuges, destinados a gastos de seguridad y viajes.
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