El Tribunal Supremo ha dictaminado que los menores nacidos en España puedan ser inscritos oficialmente como tales, con el objetivo de evitar que en sus documentos personales se refleje su país de origen. Esta decisión busca proteger la privacidad y los derechos de los niños, asegurando que no se enfrenten a discriminación o prejuicios basados en su lugar de nacimiento o el origen de sus padres. Se trata de una medida que podría tener un impacto significativo en las familias migrantes que buscan establecerse en territorio español y garantizar a sus hijos una integración más sencilla en la sociedad.
La resolución del Tribunal se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos y la igualdad. Este fallo podría allanar el camino para modificaciones en la normativa de registro civil que beneficien a miles de niños que, hasta ahora, estaban obligados a exhibir su origen en la documentación oficial. Defensores de los derechos de los inmigrantes han acogido con satisfacción esta sentencia, considerándola un paso crucial hacia la inclusión y el respeto por la diversidad en España, mientras que algunos críticos advierten sobre posibles repercusiones en la gestión de datos y políticas migratorias.
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