El inicio del segundo mandato de Donald Trump ha marcado un cambio significativo en las políticas de inmigración de Estados Unidos, impactando directamente en la vida de estudiantes con familiares indocumentados. La eliminación de la política de “lugares sensibles” ha aumentado la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las cercanías de instituciones educativas, generando temor y ansiedad en las comunidades inmigrantes. Ante esta situación, varios estados y distritos escolares han respondido implementando políticas de «zonas seguras» para proteger el acceso a la educación, basadas en las leyes federales y estatales, así como en la histórica decisión del Tribunal Supremo de 1982 en el caso Plyler v. Doe, que garantiza el derecho a la educación pública para todos los niños, sin importar su estatus migratorio.
Ejemplos sobresalientes de estas medidas se observan en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que ha implementado medidas de protección sin precedentes, incluyendo el despliegue de policías escolares y la modificación de rutas de autobuses para evitar encuentros con agentes de inmigración. Asimismo, distritos escolares en ciudades como Denver, San Diego, Salt Lake City y Filadelfia han reforzado protocolos para denegar el acceso del ICE a las escuelas sin orden judicial, asegurando el compromiso con la educación inclusiva y libre de discriminación. Las iniciativas también subrayan la importancia de no compartir información del estatus migratorio de los estudiantes, protegiendo así a las familias. La medida busca no solo mitigar el miedo, sino también asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de prosperar en un entorno educativo seguro e integrador.
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