

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha anunciado varias sanciones y medidas de seguridad en el ámbito del fútbol español, tras detectar diferentes incumplimientos en varios clubes y aficionados. Entre las acciones más relevantes, se incluye una propuesta de multa de 20.000 euros para el Real Club Deportivo Mallorca por su apoyo a aficionados radicales, así como sanciones a otros equipos por distintos incumplimientos en materia de control de acceso, exhibición de pancartas y gestión de la seguridad.
En concreto, la investigación de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional señala que el Mallorca habría otorgado un papel destacado a un miembro de Supporters Mallorca en la grada de animación del Estadio de Son Moix. Este aficionado fue asignado para encargarse del atril en ese sector y de la única megafonía autorizada en el estadio, reforzando su posición de liderazgo entre la afición local. La presencia de este perfil en funciones de liderazgo y control ha sido calificada como una infracción grave según la Ley 19/2007, que lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta es la tercera propuesta de sanción para el club desde finales de 2023.
Por su parte, otros clubes también están siendo objeto de medidas. El Real Racing Club de Santander enfrenta una sanción de 5.000 euros por permitir que sus vías de evacuación —escaleras y vomitorios— fueran ocupadas durante un partido contra la Real Sociedad B en octubre pasado. La ocupación de estas vías, esenciales para garantizar una rápida evacuación en situaciones de emergencia, pone en riesgo la seguridad de espectadores y ha sido considerado como una infracción grave.
De igual modo, el Xerez Club Deportivo recibirá una multa de 3.001 euros por la presencia de artefactos pirotécnicos en las gradas durante un derbi frente al Xerez Deportivo Fútbol Club en enero, en un partido correspondiente a la Segunda Federación. La normativa prohíbe la entrada de material peligroso en los estadios y exige a los clubes tomar las medidas necesarias para evitar su ingreso.
Asimismo, el Club Atlético Osasuna ha sido sancionado con 5.000 euros por exhibir pancartas no autorizadas durante un encuentro contra el Real Oviedo en enero, incumpliendo las normas sobre control y autorización de estas expresiones en los eventos deportivos.
Por otro lado, la Comisión también ha enfocado su atención en la conducta de ciertos aficionados ultras. En uno de los casos más preocupantes, un hincha del Real Betis Balompié, asociado al grupo United Family, fue sancionado con una multa de 60.000 euros y la prohibición de entrada en recintos deportivos durante tres años. La investigación indica que este individuo abrió una puerta de emergencia en el acceso 24 del Estadio Carlos Tartiere en Oviedo, facilitando la entrada sin control de aproximadamente 80 aficionados. Las consecuencias de esta acción incluyeron lesiones leves a un trabajador del club y un grave sobreaforo en el espacio destinado a la afición visitante, poniendo en riesgo la seguridad del público.
La Comisión también ha declarado la necesidad de designar partidos considerados de alto riesgo para reforzar su vigilancia. Entre ellos se encuentran el encuentro entre el Real Madrid y el Benfica el 25 de febrero de 2026 en la Champions League, el catorce de ese mes en Vigo entre el Celta y el PAOK de Salónica en la Europa League, y el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla programado para el 1 de marzo de 2026.
Estas medidas buscan mejorar la seguridad y reducir los incidentes de violencia y comportamiento irresponsable en los estadios. La Comisión, integrada por representantes de diversas instituciones, mantiene una actuación constante mediante reuniones quincenales para evaluar las incidencias y decidir sanciones o medidas preventivas. La declaración de alto riesgo en ciertos partidos permite implementar controles más estrictos, limitar la venta de entradas en el día del evento y reforzar la presencia policial en los recintos, con el fin de garantizar que los eventos deportivos se desarrollen en un marco de seguridad y deportividad.
Fuente: Ministerio del Interior
