La semana pasada, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al proyecto de ley H.R. 1526, una iniciativa liderada por el representante Darrell Issa diseñada para restringir la capacidad de los tribunales de emitir injunctions a nivel nacional. Este avance legislativo podría ser debatido en el pleno de la Cámara en el transcurso de la próxima semana. Paralelamente, el senador Josh Hawley ha presentado una propuesta similar en el Senado con el mismo propósito restrictivo. Ambas medidas buscan evitar que los tribunales de distrito otorguen alivios legales que se extiendan a partes no directamente involucradas en los casos.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha expresado su firme oposición a estas propuestas, describiéndolas como un intento evidente de limitar la función de vigilancia y control del poder judicial, especialmente ante las controvertidas órdenes y acciones del gobierno de Trump, que en algunos casos han sido desafiadas legalmente por la organización. La EFF sostiene que cualquier acción del Congreso encaminada a restringir la actuación judicial debilita su obligación constitucional de actuar como contrapeso de los otros poderes.
Desde la perspectiva de la EFF, la necesidad de las injunctions a nivel nacional está debidamente respaldada por el marco jurídico actual, el cual obliga a los jueces a evaluar múltiples factores antes de otorgar un alivio, tales como la fuerza del caso presentado, el posible impacto de concederlo, y si existen alternativas viables, así como el interés público involucrado. Argumentan que este tipo de medidas judiciales son, en ocasiones, esenciales para frenar acciones ilegales que tienen repercusiones en todo el territorio nacional. Además, recalcan que existe la posibilidad de apelar cualquier decisión tomada de forma incorrecta, asegurando así una revisión adecuada.
La EFF subraya que su apoyo no es incondicional a todas las injunctions nacionales, reconociendo que, en ocasiones, los tribunales pueden errar debido a interpretaciones erróneas de la ley. Recomiendan que, en lugar de reformar de manera apresurada el sistema constitucional de pesos y contrapesos, el Congreso debería abocarse a elaborar legislación que aclare o modifique de manera específica las leyes que pudieran resultar problemáticas.
