El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en España ha presentado propuestas que buscan avanzar en la justicia fiscal y reducir la desigualdad en el país. En particular, el titular de esta cartera, Pablo Bustinduy, ha defendido la implementación de un impuesto dirigido a las grandes fortunas, basado en la tasa conocida internacionalmente como «Zucman», en alusión al economista francés Gabriel Zucman, su principal impulsor.

Este impuesto propondría gravar con un 2% las fortunas que superen los 100 millones de euros, con una recaudación estimada superior a los 5.200 millones de euros anuales según datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. La medida busca destinar estos fondos a la creación de una prestación universal por crianza, con el objetivo de erradicar la pobreza infantil en España, que actualmente presenta niveles elevados.

Bustinduy aseguró que el trabajo técnico para poner en marcha este mecanismo está en marcha y que la medida podría tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza infantil. Además, resaltó la importancia de que España sirva como referente en la colaboración internacional para garantizar un mayor control democrático sobre los algoritmos que influencian tanto la vida pública como la vida económica y social.

El impuesto afectaría a personajes de alto patrimonio, como Amancio Ortega, fundador de Inditex y considerado la persona más rica del país. Se estima que Ortega, con un patrimonio cercano a los 110.000 millones de euros en 2025, aportaría alrededor de 2.198 millones de euros al año. Le seguirían otros empresarios y miembros de familias acaudaladas como Juan Roig, propietario de Mercadona, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con fortunas valoradas en torno a los 7.900 y 3.100 millones de euros, respectivamente.

Este gravamen no solo impactaría a los magnates locales. La lista incluye también a miembros de familias tradicionales con gran patrimonio, como los hermanos Juan y Carlos March, principales accionistas de Banca March, quienes pagarían aproximadamente 40 y 38 millones de euros anuales, respectivamente. La presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, y la coleccionista de arte Carmen Thyssen, también tendrían que contribuir con cantidades sustanciales, calculadas en decenas de millones de euros anuales.

La propuesta ha sido recibida con opiniones variadas en el ámbito público y económico, pero representa un paso importante hacia la intención del gobierno de aumentar la progresividad del sistema fiscal y redistribuir las cargas tributarias de manera más equitativa. Aunque la implementación de un impuesto de esta magnitud enfrenta obstáculos legales y políticos, la discusión reitera la creciente demanda social por una mayor justicia fiscal y un reparto más justo de la riqueza en España.