El segundo intento de desalojo de okupas en un edificio del barrio madrileño de Carabanchel comenzó este viernes con la intervención de la empresa Serviokupa, que según fuentes consultadas estaría ofreciendo hasta 2.000 euros a cada uno de los ocupantes ilegales para que abandonen las 27 viviendas afectadas. Este ofrecimiento duplica la cantidad previa de 1.000 euros que se había ofrecido antes, pero que no cubría el dinero que algunos habían pagado por entrar en los inmuebles. Los okupas, mayoritariamente de origen latinoamericano, se sospecha que forman parte de la misma red que meses atrás ocupó un edificio en El Cañaveral. El gerente de Serviokupa, Alberto Cuesta, ha llamado a extremar las precauciones debido al creciente número de estos incidentes, alertando del incremento alarmante de las okupaciones.
Los vecinos legales del edificio han estado lidiando con el caos derivado de la situación, reportando ruidos nocturnos, peleas y la presencia de una «discoteca» improvisada, lo cual ha perturbado la convivencia y generado tensión en la comunidad. A pesar de las advertencias de Vivenio, la promotora del edificio, y de la fuerte pelea ocurrida el pasado 23 de diciembre, parece no haber mejoría. Los esfuerzos de desalojo enfrentan resistencia por parte de los okupas, quienes anteriormente enfrentaron a palos a los trabajadores de una empresa de desokupación. Este conflicto ha llamado la atención de la opinión pública, especialmente tras viralizarse videos de los altercados en redes sociales. Mientras tanto, la promotora mantiene silencio y no ofrece soluciones a los residentes legales, quienes sienten que han sido abandonados en medio de una situación cada vez más insostenible.
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