La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una destacada promotora de festivales de música en España, según informó ayer el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La empresa, que opera en diversas Comunidades Autónomas, podría estar incurriendo en violaciones significativas de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo que podría acarrear multas de hasta un millón de euros.
Las prácticas bajo investigación incluyen una prohibición generalizada de entrada al recinto con comida y bebida del exterior, obligando a los asistentes a adquirir estos productos a precios establecidos dentro del festival. Además, se les impide salir y reingresar libremente al recinto sin un pago adicional, lo que podría considerarse una imposición injusta.
Otro aspecto polémico es el uso forzoso de pulseras cashless para realizar pagos dentro del festival. Este sistema no solo limita el acceso a efectivo, sino que también impone condiciones restrictivas para la devolución del dinero sobrante, incluyendo tarifas de gestión y límites de tiempo para realizar reembolsos.
Estas prácticas, de confirmarse, serían clasificadas como abusivas según el artículo 47 de la ley mencionada, con la posibilidad de ser categorizadas como infracciones muy graves. Esto abriría la puerta a sanciones considerables por parte del Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.
El proceso sancionador establece un plazo de instrucción de hasta nueve meses, durante el cual se examinarán detalladamente las pruebas y testimonios relacionados. Consumo enfatiza que la apertura del expediente no implica un juicio anticipado, sino que busca garantizar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el país.
A medida que se desarrolla la investigación, diversas organizaciones de consumidores han comenzado a manifestar preocupación y solicitar una mayor regulación en el ámbito de los festivales, que en los últimos años han visto un crecimiento exponencial en España.
Fuente: Ministerio de Consumo
