Con la prohibición de YouTube a adolescentes en Australia y las nuevas medidas de seguridad de Meta en Instagram, el debate sobre el uso de redes sociales por parte de menores vuelve al centro de la agenda educativa y política.
En un mundo cada vez más digitalizado, donde el acceso a la información y al entretenimiento está a un clic de distancia, la relación de niños y adolescentes con las redes sociales ha generado una creciente preocupación. ¿Deben los menores tener acceso libre a plataformas como Instagram, TikTok o YouTube? ¿O es hora de establecer límites más estrictos ante el impacto demostrado que estas herramientas tienen en su salud mental y emocional?
La pregunta no es nueva, pero los recientes acontecimientos a nivel internacional han reavivado el debate. Australia ha dado un paso drástico al prohibir el acceso de los menores a YouTube, mientras que Meta ha optado por reforzar los mecanismos de protección dentro de su ecosistema. Ambas estrategias reflejan caminos distintos hacia un objetivo común: proteger a la infancia en entornos digitales altamente adictivos y potencialmente dañinos.
Australia veta a YouTube: el precedente más radical
En junio de 2025, el Gobierno australiano anunció que, a partir de diciembre, YouTube quedará incluido en la lista de redes sociales prohibidas para menores de 16 años, sumándose a TikTok, Instagram, Snapchat y Facebook. La decisión se basa en un informe oficial que revela que el 37 % de los menores identifican en YouTube contenidos perjudiciales para su desarrollo, superando a todas las demás plataformas analizadas.
El primer ministro Anthony Albanese justificó la medida como “una decisión firme en defensa del bienestar de nuestros hijos”. Con tres de cada cuatro adolescentes australianos entre 13 y 15 años utilizando regularmente YouTube, la medida representa un golpe significativo tanto para Google como para el ecosistema digital adolescente.
El veto australiano no se limita a restringir la creación de cuentas por parte de menores: implica también la imposibilidad de interactuar libremente con los contenidos, aunque se permiten ciertos accesos bajo supervisión adulta. La prohibición, que ha sido recibida con opiniones divididas, posiciona a Australia como el país con la normativa más restrictiva en esta materia.
Meta opta por reforzar la gestión y la seguridad
Frente al enfoque prohibicionista, Meta —empresa matriz de Instagram y Facebook— ha apostado por una estrategia de contención y protección. En julio presentó una nueva serie de funciones de seguridad para las cuentas adolescentes y para perfiles gestionados por adultos que presentan contenido infantil.
Entre las novedades destacan:
- Avisos de seguridad en los mensajes privados: se informa del año y mes en que fue creada la cuenta con la que se establece contacto.
- Botón combinado de bloqueo y reporte: facilita la denuncia de cuentas con comportamientos inadecuados.
- Advertencias de localización: alerta cuando un interlocutor se encuentra en otro país, para prevenir posibles casos de sextorsión.
- Protección contra desnudos no deseados: las imágenes borrosas por defecto y los avisos de contenido sensible han reducido significativamente la exposición a material inapropiado.
El impacto de estas medidas no es menor. En el mes de junio, adolescentes bloquearon más de 1 millón de cuentas tras recibir alertas de seguridad, y otro millón fue reportado. Además, el 99 % de los usuarios adolescentes mantuvo activada la función de protección contra desnudos, y el 45 % de los usuarios que recibieron advertencias decidió no reenviar las imágenes.
Meta también ha extendido algunas de estas protecciones a las cuentas gestionadas por adultos pero centradas en contenido de menores, como las de padres o representantes de menores influencers, limitando su visibilidad ante usuarios bloqueados o sospechosos.
La raíz del problema: adicción, presión social y salud mental
Más allá de las medidas puntuales, el fondo del debate apunta a una cuestión estructural: el diseño mismo de las redes sociales. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube han sido optimizadas durante años para maximizar la atención del usuario mediante algoritmos que premian la permanencia en pantalla, la interacción y la viralidad. Para un cerebro en desarrollo, como el de niños y adolescentes, estos mecanismos pueden ser especialmente nocivos.
Diversos estudios han vinculado el uso intensivo de redes sociales en menores con trastornos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y una creciente dependencia de la validación externa a través de “me gusta” y comentarios. La exposición a estereotipos físicos, conductas de riesgo o contenido sexualizado se suma a un cóctel que, en muchos casos, los menores no están preparados para gestionar emocionalmente.
¿Prohibir o educar? Un dilema sin una sola respuesta
El veto australiano abre una línea de actuación clara, pero no exenta de polémica. ¿Puede una prohibición masiva proteger efectivamente a los menores? ¿O simplemente desplazará el problema a otras plataformas, contenidos o canales alternativos? Algunos expertos temen que estas restricciones acaben generando efectos contraproducentes, como la clandestinidad digital o el uso de cuentas falsas.
Por otro lado, confiar únicamente en la gestión responsable también tiene sus riesgos. La autorregulación de las tecnológicas ha demostrado ser, en muchos casos, tardía o insuficiente. Y la alfabetización digital en los hogares y las escuelas aún está lejos de ser generalizada y efectiva.
Quizá la solución no pase únicamente por elegir entre prohibir o permitir, sino por diseñar un ecosistema digital adaptado realmente a las necesidades y capacidades de la infancia. Esto implica:
- Diseñar plataformas específicas para menores, con contenido moderado y algoritmos más éticos.
- Establecer controles parentales claros, accesibles y transparentes.
- Formar a los padres y educadores en competencias digitales y salud mental.
- Exigir a las plataformas un compromiso real con la infancia, que vaya más allá de la reputación corporativa.
Un llamado a la responsabilidad compartida
En definitiva, el acceso de los menores a las redes sociales no es solo un problema tecnológico: es una cuestión educativa, ética y cultural. La infancia y la adolescencia no pueden estar desprotegidas en un entorno que influye directamente en su construcción emocional, social e identitaria.
Tanto la prohibición australiana como las políticas proactivas de Meta ilustran los extremos de una tensión global. Pero entre ambos caminos, hay espacio para una tercera vía: aquella que combine regulación inteligente, tecnología responsable, y sobre todo, una pedagogía digital que prepare a los menores no solo para navegar, sino para habitar el mundo digital de forma consciente, crítica y segura. Porque más que prohibir, lo urgente es enseñar a mirar y a discernir.
