En un movimiento que ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y el uso de datos personales, la rama de cumplimiento de la ley del Servicio Postal de EE. UU. (USPS) se ha unido a un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de localizar y deportar inmigrantes. Según un reciente informe, las autoridades están solicitando dos conjuntos específicos de datos del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS): acceso a sistemas de vigilancia que incluyen datos de cuentas en línea, información de seguimiento de paquetes, datos financieros, y «coberturas de correo», que consisten en fotografías de los exteriores de sobres y paquetes.
Estas propuestas han generado serias preocupaciones debido a que el sistema postal en EE. UU., un instrumento vital de comunicación y comercio garantizado constitucionalmente, no debería ser explotado para vigilancia masiva. Los inmigrantes, al igual que cualquier individuo, tienen derecho a la privacidad de sus datos. Sin embargo, existe un riesgo plausible de que este tipo de vigilancia pueda eventualmente extenderse a toda la población.
El USPS maneja diariamente un gran volumen de correspondencia, que implica la recopilación de datos personales, como nombres y direcciones. Conforme a su política de privacidad, el USPS recopila información personal únicamente para brindar sus servicios. Pero, las críticas señalan que esta información no debería ser usada para objetivos diferentes, siguiendo el principio de «minimización de datos» que aboga por limitar la recolección y uso de información personal.
La vigilancia del USPS está regulada por la Ley de Privacidad de 1974, la cual establece restricciones en la divulgación de registros personales por parte de agencias gubernamentales. Aunque la ley se centra en ciudadanos y residentes permanentes, también afecta indirectamente a quienes envían o reciben correo de inmigrantes. Usar los datos del USPS para la vigilancia podría desafiar las disposiciones de dicha ley.
Entre 2015 y 2023, el USPS aprobó el 97% de más de 60,000 solicitudes de «cobertura de correo» de varias agencias de la ley, lo que resultó en la grabación de más de 312,000 cartas y paquetes. Un grupo bipartidista de senadores ha expresado su preocupación por este programa de vigilancia masiva, ya que las coberturas, aunque no revelan el contenido, pueden proporcionar detalles sobre las inclinaciones políticas o creencias religiosas de los ciudadanos.
La implementación de estos sistemas de vigilancia podría sentar un precedente peligroso, especialmente en un contexto de creciente vigilancia estatal. Los críticos alertan que, de avanzar estas propuestas, podrían eventualmente ampliarse para impactar a otros grupos, como manifestantes o aquellos que buscan atención médica relacionada con la salud reproductiva o de género.
Este escenario subraya la necesidad urgente de regular y limitar los programas de vigilancia del USPS antes de que se conviertan en normativas más amplias que vulneren la privacidad y los derechos de diferentes sectores de la sociedad.
