El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado una propuesta contundente para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad en un intento por salvaguardar la salud de la juventud española. La propuesta, anunciada por Pablo Bustinduy, ministro encargado de la cartera, desde Barcelona, establece que estas bebidas no podrán ser vendidas a menores de 16 años, y que se extenderá la prohibición a menores de 18 años para aquellas bebidas con más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
El momento del anuncio coincide con una reunión con la Gasol Foundation, entidad implicada en la lucha contra la obesidad infantil. Bustinduy ha subrayado el amplio respaldo a esta medida. Según el barómetro de la AESAN, nueve de cada diez personas en España apoyan la prohibición, un dato que incluye un considerable apoyo entre los jóvenes de 18 a 35 años.
El informe de la AESAN destaca preocupantes hábitos de consumo: el 25% de los encuestados consume estas bebidas regularmente, con casi la mitad bebiendo al menos una al día y el 47% combinándolas con alcohol. Estos datos refuerzan la urgencia de regular su venta, argumenta Bustinduy, quien además ha recordado el precedente del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que ya eliminó estas bebidas de los colegios el año anterior.
Esta acción no es única en Europa. Países como Alemania, Noruega y Polonia ya han dado pasos similares, mientras que en España, regiones como Galicia y Asturias han comenzado a implementar normativas propias. Esta estrategia busca una armonización a nivel estatal para asegurar un mercado coherente y controlado.
Paralelamente, el Ministerio ha revelado su intención de regular la publicidad de alimentos poco saludables dirigidos a menores. Según el mismo estudio de la AESAN, casi el 80% de la población apoya esta restricción, reflejando una preocupación por la exposición constante de los niños a más de 4.000 anuncios anuales de comida no saludable. Esta publicidad, advierte la OMS, incita al aumento de calorías y al consumo de productos poco nutritivos, empleando técnicas persuasivas que a menudo no detectan los menores.
Bustinduy destaca la responsabilidad de proteger a la infancia de esta presión publicitaria, apuntando que más del 80% de los niños en España consume alimentos y bebidas no saludables. Subraya el impacto de la publicidad en la salud nutricional de los jóvenes y reitera que las empresas deben asumir su responsabilidad en este tema.
El ministro califica esta normativa como un imperativo de salud pública y un paso esencial para proteger los derechos de los niños en España. La medida se suma a esfuerzos internacionales similares y busca enfrentar el desafío de la obesidad infantil de frente, un problema especialmente crítico en familias con menos recursos. Bustinduy reafirma el compromiso del gobierno de priorizar la salud infantil, aunque ello implique confrontar a fuerzas económicas poderosas.
Fuente: Ministerio de Consumo
